En nueve años de trabajo de la procuraduría anticorrupción, creada para investigar las denuncias contra la mafia encabezada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, se abrieron 428 procesos penales y hay 145 investigaciones preliminares, agregó Gamarra en rueda de prensa.
El procurador detalló que durante el Gobierno de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos, se privatizaron empresas públicas por un monto aproximado de 7.000 millones de dólares, pero al término de esa gestión sólo se encontraron 500 millones de dólares en el Tesoro Público.
Una de las empresas que obtuvo el precio más alto fue la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), que fue vendida, en monopolio, a Telefónica de España por 2.000 millones de dólares en 1994.
Gamarra calculó que el Gobierno gastó unos 1.000 millones de dólares en obras públicas y, por lo tanto, cerca de “6.000 millones desaparecieron del erario nacional”.
El procurador explicó que él y sus colegas del Consejo de Defensa Jurídica del Estado están “en la lucha por recuperar lo máximo” de los recursos extraídos durante ese Gobierno.
CASO CROUSILLAT
Uno de los casos más recientes para la procuraduría es la recuperación de los 80 millones de soles (27 millones de dólares), ordenados como reparación civil contra el ex empresario de televisión José Enrique Crousillat, actualmente prófugo de la justicia, después de que el Gobierno anulara el indulto que le había otorgado en diciembre pasado.
Crousillat fue condenado a ocho años de prisión por haber recibido dinero de Montesinos para respaldar la reelección presidencial de Fujimori en el 2000, pero fue indultado en un proceso que hoy está siendo investigado por el ministerio de Justicia.
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