
El narcotráfico y su secuela de corrupción y violencia no es el único flagelo que causa estragos de diverso orden en el Perú.
También el biotráfico, es decir el tráfico de especies biológicas, gana terreno favorecido por la laxitud de las leyes, la incapacidad para hacerlas cumplir y la colusión y complicidad de los funcionarios y del propio Estado. La corrupción ya es una de las peores endemias en el Perú del siglo XXI.
Se estima, conservadoramente, que el biotráfico es un negocio que ahora mueve más de 500 millones de dólares anuales con la extracción y la venta ilegal de maderas valiosas como caoba y cedro, exportación de alevinos de paiche y otras especies de la fauna silvestre e hidrobiológica, exportación ilegal de mariposas, cacería furtiva de vicuñas para la venta clandestina de su lana y una gran variedad de otros productos y especies de la naturaleza.
De este biotráfico, uno de los mayores es el de la madera. Guillermo Andrade Saénz, un ingeniero amazónico acaba de realizar una rigurosa investigación sobre lo que él llama el “cártel de la madera” del río Yavarí donde el Estado peruano ha otorgado 28 concesiones maderables. Hay más de 500 en toda la Amazonía. De acuerdo a las pesquisas de Andrade, una verificación efectuada por inspectores forestales entre octubre del 2007 y abril del 2008 sobre 11 de las 28 concesiones y que representan el 39.29 de la superficie concesionada, ha probado y demostrado fehacientemente que se han extraído ilegalmente miles de metros cúbicos de cedro que después ingresaron al mercado nacional y luego a la exportación convenientemente “lavados”, o sea legalizados.
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